23 de octubre 2026/ La totalidad de los senadores se expresaron por la afirmativa, luego de que la bancada de la mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe y la minoría del Partido Justicialista acordaran cambios al mensaje enviado por el Poder Ejecutivo Provincial. Tres ministros de la Casa Gris validaron los aportes que hizo la cámara.

El presidente provisional de la Cámara alta, Felipe Michlig, dijo que los ministros de Seguridad y Justicia, Pablo Coccocioni, de Desarrollo Social, Victoria Tejeda y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, evaluaron esas modificaciones junto al bloque del oficialismo tras los pedidos del PJ.

El senador por San Cristóbal dijo que en una semana, producto de la labor entre los jefes de los bloques y los integrantes de la Comisión de Seguridad, se avanzó con cambios que "hoy permiten la unanimidad".

Subrayó que fue clave para el quorum la presencia de dos integrantes del bloque opositor y lamentó que hayan estado solo diez senadores del oficialismo, que tiene el número necesario para asegurar el funcionamiento de la Cámara.

Según los considerandos del proyecto se busca, entre otros cambios, que nadie pueda en la Justicia argumentar que por razones de competencia no le corresponde actuar.

Una nueva figura de "Actuación urgente" crea esa obligación para los magistrados. Establece que "para cuando resulte necesaria la adopción inmediata de medidas de protección" será "competente para disponerlas cualquier juez que tome conocimiento del caso aun cuando resulte incompetente para continuar interviniendo".

La intervención prevista en este artículo "tiene carácter excepcional y no importa la prórroga de la competencia". Y sigue: "Adoptadas las medidas, el juez remite sin demora las actuaciones al órgano judicial competente, manteniéndose aquellas vigentes hasta su ratificación, modificación, sustitución o cese".


Es un cambio rotundo: primero atender lo que no puede demorarse, luego derivar el caso o la causa de iniciarse al juzgado competente.

Otro artículo expresa que "el control del cumplimiento de las decisiones judiciales se mantiene como una responsabilidad estatal y no se traslada a quien requiere protección" y "cada organismo provincial conserva la responsabilidad primaria sobre las materias correspondientes a sus competencias".

La creación de un Fondo Provincial de Asistencia Urgente para Personas Protegidas, destinado a "solventar necesidades inmediatas directamente vinculadas con la seguridad".

Agenciafe